Voces por el Acuerdo de Escazú

Bogotá, 20 de Octubre de 2020 

DIRIGIDO A: MIEMBROS DE LA COMISIÓN SEGUNDA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, OTROS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO Y A LA OPINIÓN PÚBLICA.

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 Hacia la construcción de una región más justa, democrática y pacífica vía el Acuerdo de Escazú. 

Y en Colombia,

¿Qué estamos esperando? 

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Dos años después de la apertura a la firma del Acuerdo de Escazú en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 27 de septiembre de 2018, varios académicos de la sociedad civil expertos en materia ambiental, hacemos un llamado amable e informado a los integrantes de la Comisión Segunda del Congreso de la República para que ratifique el Acuerdo de Escazú, acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. 

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Como es de conocimiento de los congresistas, el objetivo del acuerdo es el de “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”. Al respecto, es importante resaltar y reiterar que éste es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, tema fundamental que toma especial importancia en el contexto colombiano.

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Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) este acuerdo es “un instrumento poderoso para prevenir conflictos, lograr que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva y mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza” ¿Acaso no vale la pena promover todas la medidas que estén bajo nuestro alcance para alcanzar lo anterior? 

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Todo acuerdo entre países que nos permita cooperar, entendernos en los mismos términos y fortalecer alianzas, constituye un acto de construcción de paz regional y de fortalecimiento de la democracia. Naturalmente, esto no es razón suficiente para que se apruebe un acuerdo. Debe existir un análisis si el mismo constituye una contradicción para la constitución nacional y las prioridades de un Estado. Afortunadamente esta argumentación ya existe, y ha sido esgrimida por distintos medios, en donde institutos e investigadores del más alto nivel han pronunciado un rotundo SÍ a la ratificación de este importante acuerdo y se han señalado los posibles beneficios adicionales de que Colombia lo ratifique, entre los cuales se destacan: 

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• Seguridad jurídica para las inversiones y el desarrollo de proyectos en Colombia 

• Mejoramiento de la democracia ambiental 

• Fortalecimiento de la institucionalidad ambiental 

• Reducción de conflictos socioambientales y la consecuente reducción en la congestión judicial 

• Aumento en la cooperación regional. 

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Este comunicado es, por tanto, un llamado al diálogo y la toma de decisiones profundamente informadas con las voces de académicos y la sociedad civil para logar los cambios estructurales que un país con nuestras particularidades necesita. En consecuencia, es un llamado a ratificar el Acuerdo de Escazú a la brevedad posible. 

Hemos sido ejemplo en términos de legislación ambiental en el pasado y en el presente tenemos aún más certeza que los mayores riesgos que enfrentaremos serán de carácter ambiental (hecho señalado en el Informe de Riesgos Globales 2020 del Foro Económico Mundial). Por lo tanto, tenemos la responsabilidad con las generaciones presentes y futuras de ponderar adecuadamente el ambiente en la toma de decisiones y así garantizar nuestra dirección hacia la sostenibilidad y la paz.